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¿Qué significa el equilibrio presupuestario en Parla?



Vamos a empezar con un ejercicio de imaginación. Una pareja, tras varios años de noviazgo, se propone tener familia. Haciendo cuentas, sumando el sueldo de los dos miembros de la pareja, intentan acceder a una vivienda, para lo cual deciden meterse en una hipoteca. No es problema acceder a un crédito en alguno de las veinticinco sucursales bancarias disponibles en dos manzanas a la redonda. Una vez establecidos en la vivienda, una revisión de las cuentas hace evidente que la pareja sólo podrá sostener, y a costa de un ahogo presupuestario que roza la asfixia y un endeudamiento a 30 años, un número máximo de dos hijos. Pero como la intención es tener familia numerosa (ambos son del Opus Dei y entienden que el número de miembros de la familia es un objetivo en sí, que el tamaño sí importa), la casa parece quedarse pequeña. La cuentas no salen, porque el salario total de la pareja no permite grandes excesos, pero no es problema porque en la España de la primera década del siglo XXI endeudarse mediante el crédito es casi una obligación moral de los españoles de bien. Así pues, se pone en venta la casa y se recurre a otro crédito que endeuda a la familia por diez años más (ya son 40), y que aumenta la presión presupuestaria en la vivienda. Finalmente, una familia con ingresos para mantener a cuatro miembros, se encuentra con diez miembros en casa, porque el tamaño importa, y con un presupuesto que depende de dos actos de fe: la creencia de que la primera vivienda va a venderse a un precio mayor del que se compró, y la expectativa de mantener los ingresos corrientes de los dos cónyuges. No van a cumplirse ninguna de las dos.

El cabeza de familia del gobierno de Parla durante diez años, Tomás Gómez, también obsesionado con que el tamaño importa (no sabemos a qué responde esta obsesión), realizó las mismas cuentas de la lechera que esta pareja. Con unos recursos que permitían alimentar a cuatro miembros en una casa pequeña, decidió comprar una mansión y mantener a diez, amparado en una fe religiosa en la venta infinita de suelo y en una capacidad ilimitada de endeudamiento. Como el tamaño importa, tener 130.000 habitantes parece ser un valor positivo en sí mismo, un rasgo para medir el desarrollo de un municipio históricamente pobre. Así pues, con unos recursos de familia de clase popular, se puede vivir durante un tiempo el sueño de la clase media, haciendo pasar el aumento de la población por un aumento del bienestar, del desarrollo y de la riqueza real del municipio. Como el contexto global es favorable, apenas se nota que no ha habido un desarrollo real, ya que la estructura económica de esta gran familia de más de 100.000 miembros sigue siendo muy escasa: no hay industria ni yacimientos de empleo de ningún tipo, la renta per cápita media no alcanza los 13.000 Euros anuales, y los recursos para mantener los servicios públicos que una población de estas características necesita dependen fundamentalmente de los actos de fe del Alcalde: la venta infinita de suelo a buen precio y la capacidad de endeudamiento. Pero estos supuestos de fe, como en el caso de la familia del ejemplo, tampoco se van a cumplir.

Hoy Parla tiene un volumen de gasto mínimo, si lo entendemos como el gasto necesario para mantener lo que ya existe, sin nuevas inversiones, que ronda los 90 millones de Euros, y unos ingresos reales de poco más de 60 millones. Son los resultados de las cuentas de la lechera y de la fe religiosa en el desarrollismo liberal, a pesar de las pruebas empíricas que nos aporta la historia de la quiebra sistemática de todos los booms económicos capitalistas. ¿Qué significa en este contexto el equilibrio presupuestario? En el caso de Parla, dicho equilibrio significa ajustar el gasto real a los ingresos reales, es decir, dejar de gastar 30 millones de Euros de los que actualmente se gastan para mantener servicios públicos y el pago a la plantilla municipal, además de a los proveedores en el caso de los servicios privatizados (que son muchos como consecuencia de las políticas neoliberales radicales de Tomás Gómez). En términos prácticos, significa desmantelar una buena parte de los servicios públicos y prescindir de una buena parte de los trabajadores (por la vía del despido, de lo que ya tenemos precedentes). Trasladando la situación de Parla al ejemplo de la familia, significa dejar de alimentar a cuatro de los ocho hijos, en lugar de buscar recursos para alimentarlos a todos, ya que el equilibrio presupuestario por la vía de los planes de ajuste está fundamentalmente basado en el recorte del gasto y no en el aumento de los ingresos. El problema es que una pareja con ingresos para mantener a sólo cuatro de sus ocho hijos no tiene margen para solucionar su situación sola, sobre todo cuando sus ingresos dependen en su mayoría de la voluntad de otros, y necesita de la intervención de algún agente externo que le aporte los recursos que le faltan. Como la riqueza circulante permite alimentar a todos los miembros de todas las familias españolas, porque durante la etapa de bonanza hubo grandes beneficios que tienen que estar en alguna parte, existe siempre una alternativa al sacrificio de la mitad de los miembros de la familia. Por supuesto no es fácil implicar a quien tiene los recursos para que los facilite a los Ayuntamientos que, como en el caso de Parla, carecen de margen de maniobra económica y política desde lo local (porque Parla, al igual que la familia del ejemplo, no tiene capacidad para solucionar su problema solo, por muchas decisiones económicas que adopte, porque su déficit estructural equivale al  50% de sus ingresos reales y esto es incompatible con el mantenimiento de los servicios públicos), pero es importante decir que, aunque difícil, la alternativa existe.. Así pues, tenemos dos opciones.

La primera opción es la planteada por el Gobierno del Estado (PP), y parece que aceptada por el Gobierno Local (PSOE), que cumple con los principios ideológicos de la derecha, esto es, la reducción radical del gasto como medida central para salir de la crisis. Y la segunda es una vía planteada por el movimiento sindical, las Plataformas en Defensa de los Servicios Públicos y por la izquierda en general: la búsqueda de los recursos allí donde están para aumentar los ingresos y evitar los recortes en servicios para el ciudadano. Porque lo que supone hoy para Parla cualquier acuerdo con el Ministerio de Hacienda que incorpore un compromiso de equilibrio presupuestario, no es más que el desmantelamiento de los servicios públicos locales en el corto plazo. Por supuesto, a no ser que caigamos en un voluntarismo irresponsable, será complicado movilizar todos los recursos para no tener que reducir ningún gasto. Probablemente puede haber, aunque con algún perjuicio para la ciudadanía, una combinación inteligente de ambas cosas.

¿Qué puede hacer entonces un municipio como Parla? Desde luego hay cosas que no puede hacer. La primera y fundamental es continuar con los actos de fe como criterio político. La fe que demuestra el Gobierno Local en que puede solucionar el problema adoptando medidas desde su marco municipal, es cuanto menos igual de errónea que la depositada en la venta infinita de suelo y en la capacidad ilimitada de endeudamiento. Con un déficit estructural del 50%, una situación de crisis económica en todo el país, y un proceso planificado desde el Gobierno del Estado de desmantelar los servicios públicos municipales, su margen de maniobra desde la institución es nulo. Por eso tampoco debe asumir los principios ideológicos de la derecha en torno a las políticas de ajuste amparándose en que es la única vía que tiene para salir del agujero, porque lo cierto es que no tiene capacidad en solitario para salir por mucho recorte que realice. ¿Por qué sumarse a los principios de la derecha para no solucionar nada? Parece, cuanto menos, un tanto ilógico.


Sólo desde el voluntarismo más irresponsable o desde el nihilismo más destructivo puede pretenderse la participación y la influencia en los procesos políticos y sociales manteniéndose inmaculado y sin contradicciones. Esto es cierto. Para la solución de los problemas de la gente uno tiene que estar dispuesto a meterse en el charco y llenarse de fango, porque los inmaculados lo son a costa de quedarse en la crítica permanente desde el extrarradio y sin capacidad de influencia. La cuestión es hasta qué punto merece la pena mancharse de barro para no solucionar los problemas. Llega a parecer, incluso, una cuestión de inteligencia. Determinados posicionamientos llevan consigo un desgaste de la legitimidad y la capacidad de liderazgo político de la izquierda, que puede ser asumible si el resultado final, de cara al bienestar de la ciudadanía, es positivo (siempre que no suponga una traición a los valores éticos). Pero cuando desde la izquierda se toman posiciones que dilapidan el crédito político y la legitimidad en un marco institucional secuestrado por la situación económica, sin ningún margen real de influencia, de lo que hablamos no es de responsabilidad, sino de estupidez. Los movimientos sociales y el movimiento sindical no pueden ocupar el espacio de la acción política en su totalidad. Hay un espacio propio para la izquierda política que ésta debe conquistar. Parla va a necesitar un fuerte liderazgo político por la izquierda, que contrarreste el liderazgo que en este momento ejerce la derecha del Partido Popular en el municipio. Hoy más que nunca hay que medir de qué manera se gasta el crédito político, porque nos jugamos lo más esencial, la propia supervivencia de la institución local. Si la izquierda política quiere tener la más mínima expectativa de liderar los procesos de movilización social inevitables ante el secuestro de las instituciones, no puede permitirse el lujo de asumir las líneas ideológicas de la derecha en lo relativo a la inevitabilidad de los recortes y a su eficacia para solucionar los problemas económicos de la administración en cualquiera de sus niveles. Parla necesita financiación, y no una política de recortes planificada desde el Gobierno del Estado, pero que si es asumida por el Gobierno Local a quien va a desgastar es a éste último. Hoy en Parla alguien tiene que decir desde la política que hay una alternativa a los recortes y que pasa por la asunción de todas las administraciones de su responsabilidad con las necesidades de la ciudadanía, lo que a su vez implica que se ponga a disposición de los ayuntamientos en quiebra los recursos necesarios para sostener sus servicios públicos. 

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