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Democracia y poder


He reiterado en varios escritos que la democracia se define por el acceso real a los derechos, y no por cuestiones únicamente relativas a la libertad o las formas de organizar la participación. Como una parte de los derechos tienen que ver con la libertad y la participación, es imposible vivir en democracia y en régimen de esclavitud, o en un “despotismo ilustrado” en el que otros toman las decisiones sin nosotros. Pero con eso no basta. Es imprescindible que la configuración del sistema permita el disfrute efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía en su sentido más amplio, incluyendo aquellos que tienen que ver con la igualdad, la justicia y con el acceso a recursos suficientes para una vida diga. Pero si queremos hilar fino, tenemos que plantear algunas cuestiones importantes alrededor de la definición de derecho.

¿Qué es un derecho? Tratemos de acercarnos a una definición convincente desde distintas perspectivas, intentando aproximaciones de carácter general y concreto hasta conseguir una definición que nos satisfaga. La RAE observa 28 acepciones (si bien no todas se refieren al concepto que manejamos en términos éticos y políticos) y otras tantas definiciones relativas a los distintos tipos de derecho y a expresiones que contienen dicha palabra (http://lema.rae.es/drae/?val=derecho). Y sin embargo, como en casi todas las cuestiones éticas, con la definición de la RAE conseguimos apenas una aproximación, o una relación de términos alusivos al concepto que queremos definir, y en todo caso, atendiendo al número de acepciones que le dedica el diccionario, podemos hacernos una idea de hasta qué punto nuestra comunidad de hablantes valora el concepto o lo interpreta de formas distintas. No obstante, algo nos dicen, al menos, la segunda y novena acepción, que definen derecho, respectivamente, como justo, legítimo (2ª) y Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida (9ª).

Volveremos después a la acepción 9ª de la RAE, que me parece contener algún material aprovechable para una definición de derecho. Pero vamos a intentar aproximarnos desde la perspectiva de lo concreto para después volver a los conceptos generales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la educación? Desde una concepción “pasiva” o liberal, podemos estar diciendo únicamente que nadie debe impedirnos acceder a una educación suficiente. Bastaría con encontrar una oferta de plazas escolares o cualquier otro medio que me permita disfrutar de una educación, sin entrar a considerar mi capacidad real para acceder a dicha oferta. Esta visión del derecho a la educación terminaría en la simple eliminación de barreras jurídicas o coactivas, sin entrar a considerar la realidad de mi acceso o no al derecho. (Un ejemplo claro se da en el derecho a la vivienda. Las políticas liberales simplemente aseguran que haya una oferta de vivienda en el mercado ajustada o superior a la demanda, sin entrar a valorar si los demandantes de vivienda tienen capacidad real para acceder a ellas).

Sin embargo, las sociedades modernas han ido elaborando definiciones más sociales del término derecho. Así, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la educación, consideramos también la capacidad real de la ciudadanía a la hora de acceder a la oferta educativa, o cuestiones relativas al contenido de dicha oferta. Por eso se constituyen los sistemas públicos educativos, sanitarios, de pensiones, etcétera, como grandes superadores del “derecho liberal” y su definición pasiva, asegurando el acceso independientemente de la capacidad económica del individuo, o dicho de otro modo, asegurando su poder efectivo sobre ese derecho. La educación se convierte en derecho cuando tengo el poder efectivo de educarme, independientemente de mi punto de partida social, económico, de género, etc.

Ahora bien, dependiendo de la configuración del sistema, el poder puede estar en distintas manos, y dado que tenemos un derecho cuando disponemos del poder para hacerlo efectivo, quién tiene el poder - y su disputa -, es una cuestión relevante.

Desde mi punto de vista, en toda relación humana existen relaciones de poder. Pueden equilibrarse más o menos, pero el poder no desaparece, ya que, al menos, podemos hablar de poder cuando nos referimos a la capacidad efectiva para hacer algo. La propia RAE lo define así en sus dos primeras acepciones: Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo y Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Al menos podemos decir, de momento, que derecho y poder son inseparables, ya que superando la definición liberal, mi derecho consiste en mi capacidad efectiva - mi poder - de acceder al contenido de aquello definido como derecho.

En la configuración de nuestra sociedad, el poder tiende a individualizarse, quedando concentrado en manos de quienes a través de sus recursos económicos (fundamentalmente, pero no sólo) garantizan sus capacidades reales. Otras etapas de la historia han configurado las relaciones de poder de manera distinta, concentrándolo a partir de la línea familiar, la casta, u otros elementos que han servido como instrumento diferenciador (como fondo, por cierto, casi siempre el género). Sin embargo, si admitimos que la democracia se define en el acceso de la ciudadanía a sus derechos, estamos obligados a hacer una reflexión sobre el papel que juega el poder en democracia, ya que éste es quien aporta la capacidad efectiva para el disfrute de los derechos ciudadanos. De hecho, la Europa de posguerra, a través de su nuevo “Pacto Social”, introdujo algunos correctores en el sistema liberal para hacerlo más democrático, con la introducción de sistemas públicos que, a través del poder del que dispone el Estado, aumentaron las capacidades reales de la ciudadanía. Se trataba de colectivizar una parte del poder para devolverlo en forma de acceso a los derechos.

La tradición liberal, sin embargo, ha defendido siempre la limitación del poder público, en una reivindicación cuyo sentido histórico – el rechazo al antiguo régimen y su acaparación del poder – es indiscutible. No obstante, el resultado ha sido una nueva composición de las relaciones de poder muy desigual, con evidentes diferencias entre capacidades según la clase social. Por lo tanto, no parece que la mera limitación del poder público para impedir posibles totalitarismos conduzca a un sistema de relaciones de poder democrático. Sólo se produce una individualización del poder, que puede ser utilizado de forma legítima o no. Se trata, por tanto, de una cuestión de distribución justa y de legitimidad en el uso del poder. ¿Legitimidad basada en qué? En aquello en lo que se define la democracia, que es el acceso ciudadano a los derechos. ¿Y una distribución en base a qué? A aquellas claves que permiten configurar un sistema de relaciones de poder que otorga capacidad efectiva a la ciudadanía para disfrutar de sus derechos y alcanzar sus fines personales. Por eso decíamos que es interesante la 9ª acepción de la RAE del término derecho, que lo define como facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Mi derecho consiste, por lo tanto, en mi capacidad efectiva - mi poder - de acceder al contenido de aquello definido como derecho, que no es más que lo que me permite conducirme a los fines de mi vida.

Si podemos establecer un catálogo de derechos, es porque hay elementos que se han demostrado imprescindibles para la consecución de un proyecto personal y deben de ser garantizados para todos. Dónde me voy de vacaciones puede ser  una cuestión totalmente individual, pero el derecho a disponer de periodos de descanso retribuidos en el trabajo es una condición de carácter general, porque nos permite a todos acceder después a nuestro fin personal.


Democracia y poder son dos términos inseparables, y es en la disputa del poder y de los elementos que lo constituyen, donde se da la pelea crucial en estos tiempos de asalto a las instituciones democráticas. Por eso el capitalismo financiero delega el poder en Troikas y otros inventos no democráticos, porque quién ostenta el poder es una cuestión verdaderamente relevante. El paradigma hoy es un poder individualizado. El paradigma democrático pasa por empoderar al ciudadano a través de la colectivización de su poder individual por medio de las instituciones democráticas, y hacerlo descender desde ahí hasta a los individuos en un sistema de relaciones más justo y equilibrado, en el que toda la ciudadanía pueda acceder a sus derechos. No se trata sólo de cómo organizamos la participación (asambleas vs formas representativas), sino de disputar el poder que nos da acceso a nuestros derechos, verdadera definición de democracia.

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