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La exclusión social no se elige


Muchas cosas no se eligen en la vida. En Parla se estima que una de cada cuatro familias viven en la exclusión o en riesgo de caer en ella. Más de 3.000 familias necesitan ayuda diaria para alimentarse. Soportamos la tasa de paro más grande en las ciudades de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, en el contexto de un modelo de ciudad sin tejido económico para absorber en el corto plazo la demanda de empleo. Este panorama, lógicamente, genera otros problemas asociados a la dificultad de acceso a una vivienda, la pérdida de la misma, o la incapacidad de asumir los gastos básicos como la luz o la calefacción. Pero ningún vecino o vecina de Parla ha elegido perder su empleo y terminar en la exclusión. No decidieron que el modelo económico de la Comunidad de Madrid se llevara por delante la industria y la economía real en favor de la especulación. No decidieron desequilibrar la ciudad hasta hacer de su presupuesto algo insostenible, ni que en la España de Rajoy tener un empleo no te garantice salir de la pobreza Tampoco decidieron que la vivienda pública se privatizara en Parla, entregándole la gestión a la empresa UNIFO, que cuando comenzaron los problemas se dio a la fuga.

Tampoco decidieron, por cierto, poner un contador de luz colectivo en los edificios de viviendas sociales de la calle Toledo 15, ni que por la quiebra de UNIFO el edificio pasara a manos de la banca, que como todos sabemos es el primer moroso en gastos de comunidad de vecinos de España (muy por encima de los llamados "ocupas"). Es más, la situación social descrita más arriba, que es la que justifica la existencia de políticas públicas de vivienda, era la que permitía anticipar el desastre de la privatización de las políticas públicas en Parla: porque cuando el mercado entra por la puerta la igualdad y los derechos salen por la ventana. Hoy 270 viviendas sociales en Parla tienen el suministro de luz cortado.

En el caso que nos ocupa, el PP es el partido responsable del gobierno de las tres administraciones competentes, desde la administración local hasta el Estado pasando por la Comunidad de Madrid. Esto es importante recalcarlo. Hay una línea continua que recorre todas las actuaciones presentes o la falta de ellas. Porque en esta cuestión el enfoque es muy importante, y éste es una de esas cosas en la vida que sí se eligen.

Lo que ocurre en la calle Toledo 15 no tiene que ver con un problema sino con varios, y merece la pena desgranarlos para no entrar a bulto en el asunto. El primer problema es social y no se enmarca en Toledo 15. Es mucho más amplio. La ciudad de Parla es la primera en alzamientos hipotecarios de todo Madrid, y esto supone dos cosas. Una, que si bien no todos los alzamientos se ejecutan en forma de desahucio, al final sí que acumulamos un número mayor de personas que han perdido su vivienda, y que por lo tanto tienen un derecho fundamental sin cubrir. Y dos, que existe un mayor número de viviendas vacías propiedad de los bancos que en otros municipios. Teniendo en cuenta que el primer moroso de España en gasto de comunidad es la banca, que por sistema no paga a las comunidades donde tiene viviendas vacías, cuando se habla de deudas ilegítimas con la comunidad de vecinos no se puede simplificar. Puede que algunos de los llamados "ocupas" no paguen. La banca tampoco. El problema no es sólo de este bloque de vivienda social y no tiene como primeros culpables a estos vecinos.

Otra dificultad es la heterogeneidad de los vecinos de Toledo 15, lo que hace imposible una solución única. La calidad de las viviendas del Plan Municipal que gestionaba UNIFO resultó estar cerca de la consideración de infravivienda, lo que conllevó que en el plazo de dos años la mitad de ellas fueran abandonadas por sus inquilinos. Con medio edificio vacío, la entrada de las mafias de la ocupación era tan fácil como inevitable, y efectivamente entraron sin ningún complejo. Pero hoy las mafias no operan en el edificio, y es injusto darle un tratamiento de orden público a un problema que ya no es de ese tipo. Desde el año 2013, y con la intervención de los Servicios Sociales, se ha ido regularizando la situación de muchos vecinos por la vía del alquiler social. Lo que sí es cierto es que hay vecinos con dos orígenes muy distintos: quienes accedieron desde el Plan de Vivienda y quienes accedieron después por otras vías, como por ejemplo la ocupación. Y esto puede derivar en un autentico conflicto entre vecinos si no se aborda desde la administración pública una regularización justa, que atendiendo a los derechos fundamentales, además no genere una sensación de agravio entre las familias con mayor autonomía económica. Y para esto se requiere un auténtico plan de inclusión, y no atizar la llama del conflicto entre "pobres" con declaraciones incendiarias desde el Gobierno.

El Ayuntamiento ha decidido no pagar la deuda de 500 mil Euros que la comunidad de vecinos tiene con Iberdrola. No sé si tiene que pagarla él o no, pero es curioso que un Ayuntamiento cuya gestión ha generado una deuda, entre financiera y con proveedores, de más de 750 millones de Euros, pueda plantear la ilegitimidad del pago de una factura social como esta. Fue el Consistorio el que diseñó el Plan de Vivienda Municipal y el que cedió su gestión a UNIFO, y por lo tanto tiene que responsabilizarse del error de alguna manera, aunque sólo sea aportando la solución. La existencia de un contador único no fue decisión de los vecinos, a la vez que es responsabilidad del gobierno cumplir y hacer cumplir la Constitución, incluido su artículo 47 relativo al acceso a una vivienda digna. Podríamos considerar que el punto de partida fue una muy mala promoción de vivienda social y su posterior privatización, que tiene responsables directos que no son los vecinos. En cualquier caso, si planteamos la ilegitimidad de la deuda, ¿por qué empezar con esta? ¿Por qué, al menos, no se responsabiliza a UNIFO y la SAREB, en vez de a los vecinos?. Se ha generado una deuda en un contexto irregular y de excepción. No puede eximirse de responsabilidad a quienes generaron ese contexto mientras se exige toda la responsabilidad a quienes lo padecen.

Iberdrola es uno de los grandes beneficiarios de las políticas públicas de este país. Toda la regulación en materia de energía está hecha a la medida de empresas como esta, con un coste enorme para el país. Sólo un ejemplo: el coste del déficit energético le cuesta a España 40.000 millones de Euros al año, o dicho de otro modo, por culpa de nuestro modelo energético, del que se beneficia Iberdrola, España pierde cada año el equivalente a todo el rescate bancario. Podríamos seguir con ejemplos de los costes del factor energético en nuestro modelo productivo, etc. ¿Tiene derecho Iberdrola a plantear la imposibilidad de sustituir el contador colectivo por uno individual para no asumir el coste?

Lo que de ninguna manera es de recibo, es que se utilice un problema que pone en juego derechos fundamentales de manera populista. Es triste leer declaraciones que desde el Gobierno Local diferencian entre ciudadanos de primera y de segunda. Esto no es así desde 1977. Tenemos una constitución que nos ampara a todos por igual, y que obliga al Gobierno Local con todos por igual. Dado que de entre todos los intereses que hay en juego, algunos tienen que ver con la cobertura de derechos fundamentales, deben establecerse prioridades. Y el orden de prioridad empieza siempre por los derechos. Insisto, desde 1977, no sé qué pensará de esto el Concejal de Seguridad Ciudadana de Parla, tenemos una constitución democrática que nos ampara a todos por igual y que obliga a los poderes públicos a garantizar la igualdad, por lo que no puede plantearse este problema como un simple problema de orden público. Esto no lo va a arreglar la policía, sino la política. Y tienen que mojarse el conjunto de las administraciones, que a través de sus distintas competencias tienen la obligación de garantizar nuestros derechos.

En resumen, de entre todos los actores del problema (vecinos, Iberdrola, Administración Pública y banca) se ha dado por hecho que la carga de responsabilidad está únicamente en el eslabón débil, que son los vecinos. Pero no fueron éstos quienes diseñaron el Plan de Vivienda Municipal, ni quienes lo privatizaron, ni quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la Constitución, ni quienes se benefician de las potentes políticas públicas a favor del oligopolio energético o de los rescates a la banca. Mientras Parla soluciona su problema estructural como ciudad es necesario un plan social que garantice que nadie se queda en el camino. Quienes viven en Toledo 15 también son nuestros vecinos.



Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Increible......mi enhorabuena por el articulo. Super detallado. No has entrado con populismo de fuera moros y gentuza de ahi. Es exactamente lo que esta pasando. Llevo 6 años viviendo aqui y no lo podria expresar mejor. Y mientras tanto los vecinos culpandonos a nosotros que acabamos de abonar 50.000 euros los vecinos a union fenosa (250 euros por vivienda) y diciendo que vivimos del cuento. Cuando ha sido la mala gestion del ayuntamiento y otras partes la que nos llevaron aqui
Raúl Cordero Núñez ha dicho que…
Gracias por tu comentario. Y ánimo. A ver si encontráis una solución y podéis vivir a gusto.

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